Uno de los principales argumentos del Estado para no cumplir con su obligación de pagar los bonos agrarios, es que honrar esta deuda afectaría seriamente la economía peruana, en tal medida que impediría que el Perú cumpliera con otras obligaciones, entre ellas, la provisión de “servicios públicos”.

Sin embargo, estas declaraciones carecían y carecen de fundamento como demuestran las declaraciones del propio Presidente del Tribunal Constitucional y del Ministerio de Economía y Finanzas:

• 17.07.13. En una entrevista realizada por el periodista Jaime de Althaus Guarderas al Presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, el periodista preguntó – en referencia al posible impacto que causaría el pago de la deuda – si el Tribunal había “hecho un cálculo de cuánto representaría [la deuda agraria]” y el Magistrado Urviola respondió “no nos corresponde hacer ese cálculo.”

• Octubre 2014. De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicitó al Ministerio que revelara las “estimaciones, cálculos, estudios técnicos u otros documentos”, preparados ya sea por el Ministerio de Economía y Finanzas o por un tercero “relacionados con los posibles impactos en el presupuesto público que generarían el pago de la deuda de los Bonos de la Deuda Agraria”. A esto, el Ministerio respondió: “El Ministerio de Economía y Finanzas no ha realizado estas estimaciones, cálculos o estudios técnicos que se solicitan”.

Consultados sobre este supuesto, tres destacados economistas –el Dr. Ismael Benavides, el Dr. César Peñaranda y el Profesor Carlos Adrianzen-, realizaron el análisis respectivo y concluyeron que el Perú no sufriría ningún tipo de impacto negativo grave si cumple con las obligaciones que tiene con los tenedores de bonos agrarios. Acá la explicación de su investigación:

El dictamen emitido por la Comisión Agraria del Congreso en el año 2006 estimó el monto total adeudado, actualizado a la fecha del informe utilizando el Índice de Precios al Consumidor, en 10,026 millones de Nuevos Soles. Partiendo de las cifras contenidas en dicho dictamen, los economistas estiman el valor actualizado de la deuda a diciembre de 2014, sumando el interés a las tasas prometidas, en aproximadamente 15,251 millones de Nuevos Soles (o unos US$5,100 millones). A partir de esta cifra concluyen que el Perú tiene una capacidad de endeudamiento suficiente para pagar esta deuda y mantener niveles de endeudamiento como porcentaje del PBI aceptablemente bajos.

Entonces, el Perú está en capacidad de pagar esta suma sin las nefastas consecuencias indicadas o simplemente alegadas por el Gobierno.

Por lo tanto, no existe justificación para perjudicar el derecho de los tenedores de bonos agrarios a ser indemnizados.

 

¿CÓMO SE HA CALCULADO ESTE MONTO?

Los economistas utilizaron el Método del Índice de Precios al Consumidor, el más comúnmente utilizado para actualizar deudas atrasadas en el Perú, y luego aplicaron los intereses de cada clase de bonos.

Para mayor detalle de este método puede acceder a los métodos de pago

 

¿CÓMO SE PODRÍAN PAGAR LOS BONOS AGRARIOS?

Es probable que el Gobierno decida obtener recursos mediante la emisión de nuevos bonos de la clase que se negocia libremente en los mercados internacionales.

El Gobierno podría ofrecer pagar a los tenedores de bonos agrarios ya sea con estos nuevos bonos libremente transferibles, o con el dinero en efectivo que generaría la colocación de dichos bonos.

Como se explica en el reporte preparado por, entre otros, el Ing. Ismael Benavides, ex Ministro de Economía y Finanzas, la emisión de nuevos bonos ciertamente no destruiría la economía del Perú. El Perú emite regularmente bonos semejantes, y tiene amplia capacidad para seguir haciéndolo. Incluso después de emitir nuevos bonos suficientes para pagar la totalidad de la deuda existente, la deuda del Perú en relación al PBI se mantendría aceptablemente baja.

Un ejemplo similar lo podemos encontrar en el caso de la expropiación del 51% de las acciones de YPF por el gobierno de Argentina. Para indemnizar a Repsol por la expropiación, el gobierno emitió nueva deuda, por un valor de hasta 6,100 millones de dólares. El presidente de Repsol afirmó que fue un acuerdo positivo tanto para el gobierno como para la empresa. Según palabras del ministro de economía de Argentina el acuerdo fue un avance cualitativo importante para garantizar estrategias de financiamiento con el objetivo de obtener recursos necesarios para potenciar inversiones.

User Login