• 1969: Gobierno peruano promulgó el Decreto Ley N° 17716 (Ley de Reforma Agraria) cuyo objetivo era transformar la estructura de titularidad de tierras del país, lo que se llevó a cabo a través de expropiaciones de predios rústicos.

• 1991: El artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 653 – Ley de Promoción de las Inversiones del Sector Agrario estableció que “el valor de las tierras expropiadas será pagado a su valor de mercado y en efectivo”. De conformidad con la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto N° 653, la “valorización y cancelación de las expropiaciones en trámite se regirán por lo establecido en el artículo 15.”

• 1993: Ley Nº 26207 derogó expresamente la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 653.

• 1996: Ley Nº 26597 estableció que como los Bonos de la Reforma Agraria eran “entregados en vía de cancelación del valor de la expropiación, [… ] independientemente de la oportunidad en que deban realizarse dicho bonos”, el pago de los mismos debería efectuarse “por su valor nominal más los intereses establecidos para cada emisión y tipo de bono”. Esto se conoce como la “teoría de los efectos cancelatorios” de los Bonos de la Reforma Agraria.

• 1996: El Colegio de Ingenieros del Perú solicitó que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la Ley Nº 26597 sobre la base de que afectaba los criterios de valorización y pago por las tierras expropiadas consagrados en el artículo 70 de la Constitución. Algunos de los argumentos fueron los siguientes:
– Las expropiaciones por la reforma agraria habían sido en realidad “confiscaciones” debido a que los propietarios habían recibido únicamente bonos agrarios que valían mucho menos que las tierras expropiadas.
– Debido al “proceso inflacionario” el valor de los bonos agrarios se había visto “desfasado en relación con el valor real de las tierras expropiadas”.
– La referencia explícita de la Ley Nº 26207 en la Ley Nº 26597 violaba el derecho a la propiedad al invalidar la noción de pago a valor justo de mercado.

• 2000: Decreto de Urgencia N° 088-2000 donde el Estado reconoce voluntariamente la deuda de la Reforma Agraria, estableciendo que el pago de los bonos agrarios se realice mediante el canje por bonos de deuda soberana de reciente emisión con una fecha de vencimiento a 30 años pero sin intereses. Adicionalmente, los tenedores de los nuevos bonos únicamente estaban autorizados a negociarlos para determinados fines, por ejemplo, adquirir tierras agrarias muy específicas (como tierras eriazas, o tierras en las que se estuvieran desarrollando proyectos de irrigación), o comprar acciones en empresas agropecuarias y agroindustriales de propiedad del Estado.

• 2001: El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que sentó un precedente histórico declarando fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Ingenieros del Perú y confirmó que la actualización de los bonos agrarios debía hacerse conforme al principio valorista consagrado en el artículo 1236 del Código Civil y 70 de la Constitución.

• 2004: El Colegio de Abogados de Ica interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto de Urgencia N° 088-2000, argumentando que violaba el derecho de propiedad, el principio de independencia judicial y al debido proceso.

• 2004: El Tribunal Constitucional concluyó que “el procedimiento regulado por el Decreto de Urgencia N° 088-2000” debe ser interpretado “como una opción que puede escoger libremente el acreedor frente a la posibilidad de acudir al Poder Judicial para el cumplimiento del pago de la deuda actualizada, más los intereses que correspondan conforme a ley”.

• 2011: El Colegio de Ingenieros del Perú presentó un pedido para procurar la ejecución de la Sentencia de marzo de 2001, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 26597.

• 2013: El Tribunal Constitucional, mediante resolución, emitió un auto de ejecución para atender el pedido de “vigilar y garantizar el cumplimiento definitivo del mandato” de la Sentencia de marzo de 2001. Además, plantea “el cálculo del valor actualizado de los bonos mediante la indexación de las obligaciones existentes a su equivalente en moneda extranjera”, a la cual “se le aplicará la tasa de interés de los bonos del Tesoro Americano”.

• 2013: Luego de que personas y organizaciones interesadas interpusieran pedidos de nulidad y aclaración de la Resolución, el Tribunal Constitucional estableció que “la operación de actualización de la deuda” no debería “en ningún caso” arrojar un “resultado que suponga la aplicación práctica de un criterio nominalista”, y se reservó la competencia para supervisar los procesos de cálculo que llevaran a un pago nominal.

• 2014: El Ministerio de Economía y Finanzas emitió los Decretos Supremos sobre el “Reglamento de los Procedimientos Conducentes al registro, actualización y pago en la vía administrativa de la deuda derivada de los Bonos de la Deuda Agraria.

• Marzo 2015: ABDA y otros bonistas presentaron una sólida petición ante el Tribunal Constitucional, con evidencia de soporte, demostrando que los Decretos Supremos dictados por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2014 ofrecen a los bonistas un pago tan bajo que equivale a no hacer ningún pago en absoluto.

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