1. ¿No existe ya un procedimiento de pago establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para esos pagos?

Al procedimiento establecido en los Decretos Supremos no se le puede llamar uno de “pago”. En efecto, la aplicación de dicho procedimiento implicaría el pago de una ínfima porción de la deuda real en un lapso de tiempo de 7 o más años. Además, el procedimiento parte de una premisa completamente equivocada, como lo es la utilización del método de dolarización para actualizar la deuda. Para obtener más información vaya a métodos de pago.

Adicionalmente, la implementación de dicho método por parte del Ministerio incurre en errores fundamentales, obstáculos y violaciones de derechos de los bonistas:

• Utiliza un tipo de cambio de paridad completamente equivocado. El Ministerio de Economía y Finanzas creó un tipo de cambio de paridad que no compara adecuadamente los niveles de precios entre los Estados Unidos y el Perú. Ello implica que el Ministerio subestima sustancialmente la deuda agraria, al convertir la deuda a menos dólares de lo que debería ser.
• Error en la fórmula para obtener el monto a pagar. En cualquier ecuación, las unidades de ambos lados de la misma deben ser iguales, en la fórmula de los Decretos Supremos no ocurre esto.
Aplica una tasa de interés menor a la indicada por el Tribunal Constitucional. El Ministerio de Economía y Finanzas no acató la indicación del Tribunal Constitucional de utilizar la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo para calcular la deuda; en su lugar utiliza una tasa mucho más baja.
No reconoce intereses más allá del año 2013. La implementación de los Decretos Supremos implica que no se pagarán intereses sobre los bonos agrarios a partir del 31 de diciembre del 2013, a pesar de que la deuda continúa impaga y continuará estándolo por muchos años.
• Procedimiento orientado a demorar el pago. Los procedimientos administrativos establecidos en los Decretos Supremos crean obstáculos para registrarse como bonista y los 7 años para proceder al pago pueden fácilmente alargarse indefinidamente por la poca claridad de los procesos.
• Establecen prioridades discriminatorias y subjetivas para el pago. El orden de prioridades discrimina en razón de la edad, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 2(2) de la Constitución.

Para obtener mayor explicación vea la petición ABDA.


 

2. ¿Es verdad que de efectuarse el pago de esta deuda se afectaría el erario nacional?

Ni el Tribunal Constitucional ni el Ministerio de Economía y Finanzas han desarrollado investigaciones o estudios que sustenten estas declaraciones.

De acuerdo al análisis realizado por tres destacados economistas, incluyendo un exministro de Economía y Finanzas, el Perú se encuentra en capacidad de pagar a los bonistas sin incurrir en ninguna de las nefastas consecuencias indicadas o simplemente alegadas por el Gobierno.

Existe además un precedente reciente en el caso de la expropiación, por parte del Gobierno argentino, del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol, y la subsiguiente indemnización por la expropiación a través de nueva emisión de deuda por hasta 6.100 millones de dólares, sin que haya supuesto un deterioro económico para el gobierno argentino.

Para mayor explicación vaya a los efectos en la economía peruana.


 

3. ¿Cuál es el monto de la deuda por los bonos agrarios?

La información disponible más confiable es la siguiente:

• El dictamen emitido por la Comisión Agraria del Congreso en el año 2006 estimó el monto total adeudado, actualizado a la fecha del informe utilizando el Índice de Precios al Consumidor, en 10,026 millones de Nuevos Soles. Partiendo de las cifras contenidas en dicho dictamen, tres destacados economistas peruanos, incluyendo un exministro de Economía y Finanzas, estiman el valor actualizado de la deuda a diciembre de 2014, sumando el interés a las tasas prometidas, en aproximadamente 15,251 millones de Nuevos Soles (o unos US$5,100 millones).


 

4. ¿Por qué el Estado no pagó esta deuda en su momento?

El Estado, al momento de la expropiación, no contaba con los recursos necesarios para realizar el pago en efectivo de las tierras expropiadas, razón por la cual emitió los bonos agrarios. El Estado incumplió el pago de los bonos agrarios a partir de la década de 1980, cuando la situación económica y política del país se deterioró notablemente. Actualmente el país cuenta con un ambiente económico favorable y está en capacidad de honrar esta deuda.


 

5. ¿Qué solución proponen?

Para calcular el monto actualizado de la deuda, proponemos utilizar el método del Índice de Precios al Consumidor más intereses, que es el más comúnmente utilizado para actualizar deudas atrasadas en el Perú.

Luego de conocer el monto, el Gobierno puede optar por obtener recursos para el pago a través de la emisión de nuevos bonos de la clase que se negocia libremente en los mercados internacionales.

El Gobierno puede ofrecer pagar a los tenedores de bonos agrarios ya sea con estos nuevos bonos libremente transferibles, o con el dinero en efectivo que generaría la colocación de dichos bonos.


 

6. ¿Cuál es la diferencia entre el método indicado por el Gobierno y el que proponen?

El método del Gobierno estima la deuda agraria, como máximo, en 24 millones de dólares. El verdadero monto de la deuda agraria es actualmente de 5,100 millones de dólares. El Gobierno pretende pagar cerca del 0.5% del valor real de la deuda.

Para obtener más información vaya a métodos de pago.


 

7. ¿Si la mayoría de bonos agrarios han expirado, igual procede el pago de la deuda?

Los bonos no han expirado. Lo que ocurre es que el Gobierno incumplió su obligación de pagar los bonos agrarios y, por lo tanto, se encuentra en default desde la década de 1980. El Gobierno tiene una obligación vigente de pagar el valor actualizado de los bonos agrarios, según lo ha reconocido el Tribunal Constitucional.


 

8. ¿El Estado también debe pagar a las empresas que compraron un bono a descuento y ahora esperan obtener ganancias?

El Estado está en la obligación de pagar todos los bonos agrarios. Quienes adquirieron los bonos en el mercado secundario asumieron el riesgo de que el Gobierno no los pague, pague una fracción de los mismos, o demore varios años en pagarlos. Nadie asumiría ese riesgo si no tiene la posibilidad de obtener ganancias. Cuando una persona o empresa compra bonos los adquiere con los mismos derechos y privilegios que el tenedor anterior, en especial el derecho al pago y la facultad de ejercer medidas para cobrar.


 

9. Para ejecutar su solución, ¿es posible que el Tribunal Constitucional declare nula una de sus resoluciones?

Sí. En el caso de Mateo Castañeda Segovia, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de su propia resolución por ir más allá de la cosa juzgada y afectar las competencias constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura.


 

10. Si el Tribunal Constitucional no hace caso a su propuesta, ¿los bonistas pueden recurrir a las instancias judiciales?

No. Contradiciendo su decisión anterior de 2004, la resolución de 2013 del Tribunal Constitucional indica que la actualización y cobro de los bonos agrarios “solo puede efectuarse siguiendo el referido procedimiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas y no uno judicial”.


 

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