Los Decretos Supremos crean un orden de prioridades para el pago que es subjetivo y discriminatorio, el cual se basa en las siguientes características de los bonistas:

 

 1  Personas mayores de 65 años sobre personas menores de 65.
 2  Personas naturales sobre personas jurídicas.
 3  Bonistas originarios sobre asignatarios.

 

Este orden de prioridades discrimina con base en la edad, lo cual está prohibido por el artículo 2(2) de la Constitución.

Los Decretos discriminan a favor de los bonistas originarios, haciendo caso omiso del hecho que cualquiera que adquiera los bonos en el mercado secundario adquiere, de conformidad con la ley, los mismos derechos y privilegios que el tenedor originario, incluido el derecho al pago.

 Esta discriminación tendrá un efecto negativo en el mercado secundario de instrumentos de deuda del Perú entre inversionistas domésticos y extranjeros, elevando el costo de la deuda para el Perú. En efecto, los inversionistas que quieran adquirir instrumentos de deuda emitidos por el Perú en el mercado secundario, requerirán un retorno más alto debido a que sabrán que, al momento del pago, podrán ser discriminados sólo por el hecho de no ser tenedores originarios del instrumento. Este riesgo adicional se traduce en un retorno a la inversión más alto, lo que conllevará un aumento en el costo de la deuda para el Perú.

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